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Foto: Presidencia de la República.

Abren indagaciones a mandatarios y Policía por presunta violación de DD.HH. en protestas

La Procuraduría General de la Nación inició indagación preliminar al alcalde de Pereira, Carlos Maya; al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; y al alcalde de Cartagena, William Dau, por sus declaraciones en medio de las jornadas de protesta, con las que podrían haber ocasionado vulneraciones a los manifestantes como en el caso de Lucas Villa. 

De la misma manera, el Ministerio Público ha abierto más de 30 procesos disciplinarios contra miembros de la Policía Nacional por presunta violación de derechos humanos durante las protestas en el país.

Un total de 18 procesos están bajo la delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, que realizó visita especial a la Inspección General de la Policía Nacional, para obtener pruebas e investigar qué integrantes de la Policía Nacional estarían implicados en las muertes de un menor de 17 años, y seis adultos en Cali, dos ciudadanos de 19 años y 24 años en Ibagué y Madrid, respectivamente.

Igualmente, se avanza en dos procesos disciplinarios por presunto abuso sexual en Cali y Manizales. Así como dos indagaciones por presunto abuso de autoridad en Bogotá y Risaralda; dos por lesiones personales en Bucaramanga y Bogotá; y dos por agresiones físicas registradas en Medellín.

En cuanto a las intimidaciones de las que fueron víctimas integrantes de la Comisión Humanitaria en Cali se adelanta la investigación contra algunos integrantes de la Policía Nacional.

Frente a 32 investigaciones disciplinarias que tiene la Inspección de la Policía, la Procuraduría General intervendrá en las mismas como garante de las víctimas.  

A su vez, el ente de control inició 30 acciones preventivas para conocer las labores de las autoridades territoriales para proteger la vida, la salud y la integridad de todos los ciudadanos. 

El Ministerio Público además informó que en Fusagasugá se investigan dos casos por denuncias de agresión de la Fuerza Pública a ciudadanos en Soacha; mientras que en Cauca, dos por presunto uso excesivo de la fuerza y agresiones a un líder de Derechos Humanos.

En Manizales, se indaga una denuncia de agresión con gases a ciudadanos que se movilizaban en un bus de servicio público; en Meta, una denuncia de un líder indígena. A su vez, en Santander, se investiga una queja por agresiones a ciudadanos durante las protestas; y en Pasto, la denuncia de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo que manifestó que habría sido agredido por agentes de la Policía Nacional.

Asimismo, en la Provincial Montería se investiga una queja contra ocho policías por supuestamente atentar contra el derecho a la protesta, en Yarumal las posibles agresiones a un grupo de campesinos.

Finalmente, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales constituyó 15 Agencias Especiales y designó una comisión de procuradores judiciales penales para que intervengan de manera permanente en el curso de los procesos penales que adelanta la Fiscalía General de la Nación, así como la Justicia Penal Militar.