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Alerta en Catatumbo por aumento de acciones violentas durante la pandemia

Un informe de líderes sociales reveló que durante la pandemia de Covid-19, entre julio y diciembre de 2020, se registraron 108 vulneraciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en Catatumbo.

El Comité de Integración Social de Catatumbo (CISCA) y la Asociación Minga, en un reciente informe denominado ‘¿Cómo va el Catatumbo?’, revelaron que Tibú sigue siendo el municipio con mayores afectaciones al orden público, con un reporte de 39 casos. 

A este panorama se suman los municipios de Ocaña (con 16 casos), Convención (13), El Tarra (11) y Teorama (9), que se reportan como los epicentros de la lucha armada que mantienen estructuras armadas por el control en el territorio, y que dejan a la población en medio del conflicto.  

En el informe también se pudo conocer que cerca de 1.300 víctimas dejaron la serie de acciones violentas que generan zozobra entre las comunidades, siendo estas las principales afectadas ante las incursiones de grupos ilegales que hacen presencia en la zona. 

En diálogo con la Radio Nacional de Colombia, Yermin Sanguino, directivo del CISCA, afirmó que “en el actual informe pudimos identificar que los homicidios (36) es la acción que más se presenta, y lo que demuestra es la verdadera realidad que vivimos, la poca respuesta social por parte de las autoridades, que va en contravía a cualquier solución en nuestras comunidades”. 

De igual forma, La Corporación Red de Defensores de Derechos Humanos en el Catatumbo (CORPORED) expresó que aparte del conflicto social que se vive, la pandemia generó que las instituciones del Estado no atiendan las necesidades que presentan comunidades campesinas, indígenas y comunitarias.

“Es algo de resaltar, en estos momentos es mínima la presencia del Gobierno Nacional en la región, la tranquilidad se ha visto afectada por la falta de participación de las comunidades que se sienten solas, y pasa que las situaciones no son reportadas por el miedo que producen”, dijo Nelson Arévalo, presidente de Corpored. 

Así mismo, la Mesa Humanitaria del Catatumbo presentó, en una reunión virtual ante la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos -WOLA-, la situación humanitaria a raíz del recrudecimiento del conflicto armado en esta región de Norte de Santander. 

“Lo que pretendemos es que se cumplan los mínimos humanitarios y así visibilizar la crisis en la que nos encontramos, buscamos un ejercicio de sensibilización ante estos parlamentarios para que se puedan buscar soluciones efectivas”, indicó Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat-.

Las diferentes asociaciones que integran la mesa humanitaria también exponen que las garantías y la expectativa de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 no se ha desarrollado con efectividad. 

“El Catatumbo es ese modelo en el país que demuestra la precaria implementación del Acuerdo de Paz, y con esta reunión esperamos que el gobierno de los Estados Unidos se comprometa con la paz en Colombia como beneficio para la tranquilidad de Latinoamérica”, manifestó Quintero. 

Por otro lado, la Personería Municipal de Tibú afirmó, mediante un comunicado por redes sociales, la preocupante situación que se generó por el asesinato de seis personas en un lapso de tiempo de 48 horas en zona rural de esta localidad.

Entre tanto, las comunidades campesinas en la región, como respuesta a las reiteradas afectaciones violentas, continúan elevando el llamado al Gobierno Nacional para que se puedan reanudar los diálogos con los actores armados ilegales y así poder consolidar la construcción de paz en Catatumbo.