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Editoriales educativas: ¿apoyo para reducir brecha entre educación pública y privada?

Un informe de la Cámara Colombiana del Libro señala que los editores de contenidos educativos del país cuentan con los recursos humanos y tecnológicos para apoyar y acompañar el proceso de formación de los estudiantes de manera integral. ¿Podrían ser estas editoriales una clave para reducir la brecha entre la educación pública y privada?

La pandemia ha presentado innumerables retos para el sector educativo en el mundo. En Colombia, según datos de 2018 del Ministerio de Educación y el ICFES, hay aproximadamente 10 millones de estudiantes matriculados en preescolar, primaria y básica secundaria, de los cuales el 81% están matriculados en colegios públicos y el 96% de los municipios del país no tiene acceso suficiente a internet o a un computador.

La brecha educativa entre lo público y lo privado se refleja cuando los estudiantes de los colegios oficiales obtienen en promedio menor puntaje global que los colegios privados en la prueba requisito para la entrada a la educación superior (ICFES, Examen Saber 2019).

“En los últimos cinco años, el sector editorial ha vivido grandes transformaciones que hoy se ven reflejadas en entornos de formación que incluyen, además, nuevas metodologías accesibles a los estudiantes y maestros. También hace falta un acompañamiento formal por parte de expertos, quienes desde distintas áreas del conocimiento están preparados para guiar los procesos de formación de toda la comunidad educativa”, señala Enrique González Villa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro.

Asimismo, González dice que es imperativo consolidar rutas de aprendizaje articuladas entre los editores, pedagogos y demás equipos interdisciplinarios para que los estudiantes reciban materiales y recursos educativos de calidad, adecuados a sus necesidades. La edición educativa cuenta con equipos interdisciplinarios especializados en distintas áreas del conocimiento.

“En 2019, en Colombia, la industria editorial facturó 798.838 millones de pesos de los cuales 33,4% correspondían a libros didácticos, categoría en la cual se encuentran los textos escolares, los libros de interés general con un 38,3%, los del subsector Técnico y científico con un 21,4%, y el subsector religioso con un 6,9%”, asegura González.

A pesar de esto, según el funcionario, las compras públicas de textos escolares no son significativas, ya que en 2019 el monto alcanzó los 33.636 millones de pesos, comprados a la industria editorial. Este valor representa el 4.2% de las ventas del sector editorial, cifra muy distante del 40% y el 50% que representa la venta de la industria editorial al Estado en otros países de América Latina.

Según la Unesco, “la cantidad de dinero que un país destina a materiales y recursos didácticos es un buen indicador de su compromiso de ofrecer una educación de calidad para todos”, lo cual reitera UNICEF-PNUD en el documento ‘Covid-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y el Caribe’. Se debe asegurar la disponibilidad de textos y materiales educativos necesarios para continuar con los procesos de aprendizaje. 

“Libro y biblioteca son palabras claves en la construcción de cultura y educación y para ello es indispensable que, desde el Gobierno Nacional, haya una política clara para la dotación de materiales y recursos educativos en las aulas. Estos meses nos han demostrado que los estudiantes deben contar de manera permanente con las herramientas necesarias, no solo en el aula, sino también en sus hogares”, agrega el director de la Cámara Colombiana del libro.

Asimismo, González dice que asegurar la disponibilidad de textos y recursos educativos debe ser una política de Estado, no solo para garantizar la equidad en la educación, sino porque es un camino sustentable para fortalecer el tejido social y elevar las competencias del recurso humano. “No podemos seguir permitiendo que la brecha educativa siga creciendo”, concluye.